La reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española se clausuró el pasado viernes, 24 de abril, en Ávila con la aprobación de la Instrucción Pastoral Iglesia, servidora de los pobres.
En este documento, los obispos quieren compartir, con los fieles y con quienes deseen escuchar su voz, su preocupación ante el sufrimiento generado por la grave crisis económica, social y moral que afecta a la sociedad española y su esperanza por el testimonio de tantos miembros de la Iglesia que han ofrecido lo mejor de sus vidas para atender a quienes más sufrían las consecuencias de la crisis.
Estructurada en cuatro partes, la Instrucción pastoral comienza
analizando la situación social actual (1) y los factores que están en su
origen y lo explican (2). Seguidamente enumeran los principios de la
Doctrina social de la Iglesia que iluminan la realidad (3) y ofrecen su
propuesta desde la fe.
En la primera parte, dedicada a describir la situación social, los obispos se fijan en los nuevos pobres y las nuevas pobrezas, de manera especial la que sufren en primer lugar, las familias golpeadas por la crisis. En ellas no es difícil encontrar muchos jóvenes sin trabajo y con grave riesgo de caer en situaciones desesperadas, ámbitos en que se da la pobreza infantil, ancianos olvidados o mujeres afectadas por la penuria económica. Además de las carencias económicas y sociales en las familias, los obispos señalan también la pobreza en el mundo rural y en quienes se dedican al mar, y acentúan la pobreza originada por la emigración que, haciendo visible el derecho a encontrar mejores condiciones de vida, hoy significa la pobreza de los más pobres. Los inmigrantes sufren más que nadie la crisis que ellos no han provocado y los países que los reciben recortan sus derechos y limitan, también para ellos, los servicios sociales básicos. Los obispos piden en este ámbito a las autoridades nacionales y de la Unión Europea[1] actitudes de generosa acogida y cooperación con los países de origen que permitan su desarrollo.
Además de las nuevas pobrezas, la Instrucción Pastoral señala como rasgo de la sociedad actual la corrupción, a la que define como un mal moral y cuyo origen es, según los obispos, la codicia financiera y la avaricia personal. Estas situaciones de corrupción provocan alarma social, alteran el funcionamiento de la economía, impiden la competencia leal y encarecen los servicios. La corrupción es una grave afrenta a nuestra sociedad, es una conducta éticamente reprobable y es un grave pecado. La necesaria regeneración personal y social vendrá por un mayor aprecio al bien común, que se origina en las virtudes morales y sociales, se fortalece con la fe y se hace visible en el amor al prójimo.
Tanto las nuevas pobrezas como la corrupción están facilitadas por el empobrecimiento espiritual. El talante personal y el comportamiento moral de las personas están dañados por la indiferencia religiosa, el olvido de Dios o la despreocupación por la cuestión sobre el destino trascendente del ser humano. No se puede olvidar, dicen los obispos, que la personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios que sostiene nuestra dimensión ética, nos impulsa al amor a todo hombre, haciendo de la caridad fraterna la señal distintiva.
En la segunda parte, la Instrucción pastoral señala cuatro factores que explican la situación social actual. El primero de ellos es la negación de la primacía del ser humano que se apoya en la dignidad que Dios le otorga. El segundo es el dominio de lo inmediato y lo técnico en la cultura actual. En ésta, el primer lugar lo ocupa lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido. La técnica parece ser la razón última de todo lo que nos rodea y su desarrollo se presenta como la panacea para resolver todos los males del hombre. El modelo social centrado en la economía es el tercer factor que explica esta situación de crisis: la burbuja inmobiliaria, el excesivo endeudamiento, la falta de regulación y supervisión de los mercados han ocasionado una época de recesión, para la que la única solución presentada es la lógica del crecimiento, como si “más” fuera igual a “mejor”. Por último, en cuarto lugar, encontramos, como consecuencia de la lógica del crecimiento, una cierta idolatría de los mercados, cuando en realidad, la actividad económica, por sí sola, no puede resolver todos los problemas sociales; su recta ordenación al bien común es incumbencia, sobre todo, de la comunidad política, la que cual no debe eludir su responsabilidad en esta materia.
La tercera parte de la Instrucción consiste en una explicación de los principios de la doctrina social de la Iglesia que iluminan la realidad y pueden ayudar a la solución de los graves problemas que le afectan. El primero de ellos es la primacía de la dignidad de la persona: el ser humano es la medida de todas las cosas, no un instrumento al servicio de la producción y del lucro. Los obispos instan a un modelo de desarrollo que ponga en el centro a la persona. Si la economía no está al servicio del hombre, se convierte en un factor de injusticia y exclusión.
El segundo principio es que los bienes tienen una dimensión social y un destino universal, como se vivía ya en el Antiguo Testamento y enseñaron los Padres de la Iglesia. La acumulación de los bienes en pocas manos es una grave injusticia, pues la propiedad privada está orientada al bien común. Por eso, dice la Iglesia, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa, según los principios de la justicia y de la caridad.
En la vida social, otro principio ineludible es el de la solidaridad y el equilibrio entre los derechos y los deberes. La solidaridad es el empeño firme y perseverante por el bien común, es decir por el bien de todos y cada uno. La convivencia implica que los derechos de unos generan deberes en otros y que la satisfacción de unos depende de la diligencia de los otros. Los derechos económico-sociales no pueden realizarse si todos y cada uno de nosotros no colaboramos y aceptamos las cargas que nos corresponden; de igual modo que el derecho a los bienes materiales conlleva el deber del trabajo diligente del hombre. El bien común es el bien de ese “todos nosotros”, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en una comunidad o sociedad. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad.
El principio de subsidiariedad señala las funciones y responsabilidades que corresponden a las personas individuales en el desarrollo de la sociedad a través de comunidades y asociaciones de orden familiar, educativo, cultural, etc. Al mismo tiempo, regula las funciones que corresponden al Estado y a los cuerpos sociales intermedios, para impedir la tendencia totalitaria de los estados. El principio de subsidiariedad permite un justo equilibrio entre la esfera pública y la privada; reclama del Estado el aprecio y apoyo a las organizaciones intermedias y el fomento de su participación en la vida social. Por último, entre los principios de la Doctrina Social se señala el derecho a un trabajo digno y estable que permite la integración y la cohesión social, por lo que cualquier política económica debe estar al servicio del trabajo digno.
La cuarta parte de La Iglesia, servidora de los pobres, ofrece ocho propuestas esperanzadoras desde la fe para vivir el compromiso caritativo, social y político.
- Promover una actitud de renovación y conversión, que nos identifique con Cristo y que salga al encuentro de los pobres, siendo instrumentos para su liberación, promoción e integración en la sociedad.
- Cultivar una espiritualidad que impulse al compromiso social. Sólo el encuentro con el Amor de Dios, puede transformar y purificar los corazones de los discípulos, cambiándolos de egoístas y cobardes en generosos y valientes; de estrechos y calculadores, en abiertos y desprendidos.
- Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización, porque el anuncio del Evangelio, fermento de libertad y de fraternidad, ha ido acompañado siempre de la promoción humana y social de aquellos a los que se anuncia.
- Como consecuencia de lo anterior, profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción social, desde el testimonio personal y sin olvidar el anuncio explícito de Jesús. Tenemos, además, el reto de ejercer una caridad más profética. No podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las personas, cuando se permite que los seres humanos no vivan con la dignidad que merecen.
- Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las pobrezas. Además de atender a las necesidades más urgentes, el acompañamiento de las personas es la base de la acción caritativa: No se trata sólo de asistir y dar desde fuera, sino de participar en sus problemas y tratar de solucionarlos desde dentro.
- Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales.
- Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión. La reducción de las desigualdades debe ser uno de los objetivos prioritarios de una sociedad que quiera poner a las personas, y también a los pueblos, por delante de otros intereses.
- Fortalecer la animación comunitaria. Es necesario que la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto eclesial de la caridad.
En su conclusión, los obispos alientan una vez más la esperanza de los que sufren las consecuencias de la grave crisis actual y se ponen junto a ellos: “Estamos con vosotros; juntos en el dolor y en la esperanza; juntos en el esfuerzo comunitario por superar esta situación difícil”. Al mismo tiempo, agradecen el esfuerzo de quienes viven la caridad con el prójimo y animan a imitarlos, no sólo en las relaciones cotidianas sino también en las relaciones sociales, económicas y políticas.
